El Dorado Bahia Solano

03/01/2026

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03/01/2026

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02/01/2026

02/01/2026

La Contraloría General de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un presunto detrimento patrimonial relacionado con un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que no fue culminado. Los hechos investigados corresponden a su periodo como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019 y a un contrato interadministrativo suscrito por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia, del cual se habrían desembolsado 26.186 millones de pesos a los contratistas Ingecon e IDC sin que las obras se ejecutaran conforme a lo pactado. En el proceso también fueron imputados el gerente de VIVA, exgerentes y exfuncionarios de Indeportes Antioquia, además de una firma contratista y una aseguradora.

Ante esta decisión, el gobernador Rendón solicitó la nulidad del proceso al considerar que tiene un trasfondo político. La administración departamental aseguró que los puntos críticos de las ciclorrutas señalados por la Contraloría corresponden a contratos suscritos por la actual administración y no a su gestión como alcalde. Asimismo, cuestionó la oportunidad de la actuación, realizada a pocos días de que finalice el periodo de la contralora saliente, y afirmó que esta se habría extralimitado en sus funciones.

02/01/2026

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02/01/2026

La Contraloría General de Antioquia imputó cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón, además de otros exfuncionarios y particulares, por presuntas fallas de planeación y ejecución en un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, desarrollado durante el periodo 2016–2019, cuando Rendón se desempeñó como alcalde de Rionegro.

La actuación fiscal también cobija al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes, siete exfuncionarios públicos, una firma contratista y una aseguradora internacional. De acuerdo con el ente de control, el proyecto —anunciado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia con una inversión cercana a $25.000 millones para conectar municipios como Rionegro y Marinilla— habría generado un posible detrimento patrimonial superior a $26.186 millones.

Según la Contraloría, algunos tramos incluso tendrían que ser demolidos por interferir con obras de ampliación vial, lo que ha llevado a veedurías y sectores políticos a calificar la iniciativa como un posible “elefante blanco”. El contrato inicial se suscribió durante la administración del entonces gobernador Luis Pérez, en articulación con la Alcaldía de Rionegro. La imputación marca el inicio formal del proceso de responsabilidad fiscal y abre la etapa de descargos, sin que ello implique una condena.

Tras conocerse la imputación, desde la Gobernación de Antioquia se conoció una respuesta institucional en la que se cuestiona el momento y el alcance de la decisión. En un pronunciamiento, la administración departamental aseguró que se trata de “una actuación inusitada, a menos de tres días para que la actual contralora deje su cargo” y sostuvo que “es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones”.

02/01/2026

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